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Huaraz
domingo, 17 octubre 2021

Cambios en el hospital de Huaraz ocultan presuntas irregularidades en obras del área COVID-19

La unidad de investigación de este medio acaba de obtener sorprendentes datos e informes respecto a lo que se oculta o pretende ocultar tras los cambios en la dirección del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

La voz de alerta se dio durante el fin de semana bajo una aparente falta de oxígeno medicinal la cual pone en evidencia la calidad de las obras ejecutadas en el área COVID-19 del nosocomio huaracino y quienes estuvieron al frente de esta dependencia cuya gestión deja en evidencia varios vacíos u omisiones como la forma de administración en la producción de oxígeno, así como el estado actual de la infraestructura.

Antecedentes

La contraloria efectuó varias observaciones respecto al área COVID-19 en el hospital de Huaraz

Durante una de las sesiones encaminadas por la congresista María Bartolo acerca de las denuncias y presuntas irregularidades encontradas en l administración del hospital, los dirigentes de las enfermeras, así como del personal asistencial dejaron sentado varias denuncias de posible favorecimiento en favor de cierto grupo de trabajadores.

Esta sesión consta en el despacho de la congresista en su papel y rol de fiscalización cuyo resultado viene investigando la fiscalía a decir del documento enviado durante las últimas horas al nuevo director del hospital Juan José Herrera.

En este pedido la fiscalía provincial anticorrupción requiere una serie de documentos como el expediente completo de la convocatoria CAS N° 01 -2019, el addendum al contrato administrativo N° 01-2020; correspondiente a la persona de Galindo Quiñónez  Lesly Aracely en la investigación en contra del actual director del hospital por el presunto delito contra la administración pública  en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

Contraloría y el área COVID-19

Equipo de la contraloría supervisó área COVID-19 en el año 2020

Un pasivo que enfrentan los directores del hospital de Huaraz es el referido a las serie de observaciones y hallazgos detectados por la Contraloría durante sus visitas de control.

Una de estas se encuentra consignado en el Informe de Control Concurrente N°4790-2020-CG/GRAN-SCC, en la cual se deja constancia acerca de las irregularidades en la ejecución de la obra el expediente técnico del proyecto para la remodelación de la infraestructura complementaria, así como en la adquisición de equipamiento médico para el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

Esta obra por la cual el exgobernador Juan Carlos Morillo Ulloa se encuentra con prisión preventiva contemplaba una inversión de más de 12 millones de soles y estaba destinado para la atención a los pacientes con la COVID-19, así como a los ciudadanos en general.

De igual forma, a través del Informe de Visita de Control N° 012-2020-OCI/5332-SVC se advirtió que funcionarios del Gobierno Regional emitieron la orden de compra para la adquisición de ventiladores mecánicos sin indagar los precios en el mercado, lo que podría generar que no se estén adquiriendo en las mejores condiciones de precio y calidad.

La Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales emitió una orden de compra por S/ 1´040,000.00 para adquirir ocho ventiladores volumétricos mecánicos portátiles basados en una sola cotización, por un valor unitario de S/ 130,000.00. Es decir, el área responsable no indagó adecuadamente en el mercado para fijar el valor estimado de la contratación.

Asimismo, se evidenció que la empresa encargada de entregar 20 camas clínicas metales rodables, presentaba 22 días de retraso, mientras que los equipos nebulizadores, esterilizadores y electrocardiógrafos, tenían 11 días de demora en la entrega.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece penalidades en caso el proveedor presente un retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato, sin embargo, se advirtió que las órdenes de compra no establecen aspectos relacionados a las garantías de fiel cumplimiento para la entrega de los bienes y penalidades por retraso en la entrega de los equipos. Para el equipamiento, consistente en 12 monitores de funciones vitales, ocho ventiladores mecánicos, 20 camas clínicas rodantes, seis desfibriladores, ocho ambulancias entre otros equipos destinados para la atención de los pacientes infectados con la COVID-19, se ha destinado el monto de S/ 9´973,045.20.

Ocho funcionarios comprometidos

El 17 de marzo del presente año, la contraloría emite un segundo reporte respecto al seguimiento de estas mismas observaciones y establece lo siguiente:

Respecto al área del COVID-19, se identificó retraso injustificado en la entrega de equipos médicos al Hospital Víctor Ramos Guardia, durante la emergencia sanitaria.

Además indica que la Contraloría General identificó un perjuicio económico de  117 mil 290 soles en el Gobierno Regional Áncash como consecuencia de la inaplicación de penalidades a empresas proveedores que incumplieron con la entrega de equipos médicos al Hospital Víctor Ramos Guardia durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en la fecha y lugar establecidos en los contratos.

Detalla además que mediante seis órdenes de compra, el gobierno regional adquirió, entre otros equipos, 8 ventiladores volumétricos mecánicos, 7 pulsioxímetros, 4 equipos de nebulización, 2 electrocardiógrafos de tres canales, 29 bombas de infusión y 6 desfibriladores para equipar los ambientes destinados a la atención de pacientes con COVID-19. Dicha compra se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa para reducir plazos y asegurar la atención oportuna de los pacientes, sin embargo, no se cumplió.

El Informe de Servicio de Control Específico N° 061-2020-2-5332, cuyo periodo de evaluación comprende los meses de abril a octubre del 2020, determinó que, a pesar que la entidad regional recepcionó los equipos médicos fuera de los plazos y el lugar previsto, los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash no aplicaron la penalidad correspondiente por retraso injustificado, inobservando la Ley de Contrataciones del Estado.

Por ejemplo, la empresa a cargo de proveer 8 ventiladores mecánicos, entregó los equipos en el almacén central del Gobierno Regional y no en el hospital como establecía la orden de compra, por lo que llegaron al establecimiento médico 54 días después. Por esta razón, la Subgerencia de Abastecimiento de la entidad impuso una penalidad equivalente de S/ 78 000; no obstante, el Área de Tesorería no realizó la deducción por mora y pagó la totalidad por la compra de los equipos, a favor de la empresa.

Similar situación se registró con los demás equipos médicos, los mismos que fueron entregados al Gobierno Regional y no en los ambientes del hospital, generando un retraso injustificado. Además, las actas de conformidad de ingreso fueron firmadas únicamente por funcionarios del Gobierno Regional cuando, según la orden de compra, también debieron participar representantes del hospital Víctor Ramos Guardia y de la Dirección Regional de Salud Áncash.

Funcionarios en salmuera

Los hechos con indicios de irregularidades involucran a 8 funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa, por ello el informe fue derivado a la Procuraduría Pública Anticorrupción con la finalidad de que inicie las acciones legales que amerite, de igual forma, fue notificado al gobernador regional para los procesos administrativos correspondientes.

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